Ediorial del DIARIO LA CALLE
Ayer dijimos -un poco en broma y más en serio- que todos tenemos el derecho a elegir y a ser elegidos. Por lo menos en la forma, aquello está garantizado en la democracia peruana, aunque la posibilidad de ganarlo, llegar al poder, convertirse en congresista o en simple regidor de una municipalidad aunque sea distrital, ya es otra cosa. Supone tener dinero (conocemos a algunos amigos que en la campaña electoral empeñaron sus casas, dejaron de educar a sus hijos y terminaron por ir al baile social en chancleta), supone viajar por todos los centros poblados donde radican los electores (a convencerlos, obviamente, a que nos escojan a nosotros y no a los otros), supone manejar recursos convincentes hasta lingüísticos (el que no se deja entender, esto es el gago, el 'motoso', el tartamudo está perdido) y supone poseer la habilidad de llegar a los medios (para ser entrevistado si fuera posible todos los días) hasta llegar a ser conocido.
De modo que, una cosa es que se tenga el derecho a ser elegido siendo candidato, y otra cosa muy distinta a que toda la inversión, todos los gastos, todos los esfuerzos, terminen en el bolsón del fracaso o pólvora gasta en gallinazo. En las elecciones políticas del Perú registradas en por los menos los últimos 20 años, lo único que les ha quedado a los cientos de miles de candidatos registrados en el Jurado Nacional de Elecciones, son las pintas todavía no borradas de sus nombres, sus números, sus símbolos o de sus 'partidos' políticos pulverizados por sus resultados. Con que le digan "ex candidato a...", se conforman los pobres, y con la justificación de que "aquí -en este país- ganan solo los pitucos".
Esa es la situación de las candidaturas políticas y las posibilidades del pueblo a llegar a ser gobierno. Irrefutable, hasta este momento, a menos que nos digan que Fujimori, Leguía, García u Ollanta Humala fueron o son 'candidatos del pueblo' (término entendido en el mejor de sus significados: sector consciente, responsable, identificado con las causas populares).
En medio de este juego (democrático según muchos, circense según otros y mafioso según algunos sectores), hay que resaltar la función de las instituciones sociales vivas de nuestro país. Digamos, instituciones educativas, instituciones periodísticas, organizaciones de base, colegios profesionales, clubes de madres, asociaciones juveniles, de cesantes, de activos, de comerciantes o de instituciones religiosas. Aunque no sea su obligación, la institución tiene libertad de ayudar al esclarecimiento de este y todos los procesos habidos y por haber, entre sus integrantes, sus usuarios o similares.
En el campo de la prensa, con legítimo derecho. Tanto que le es natural llevar de entrevistados a los candidatos para escudriñar sus intenciones, radiografiar sus cualidades, diagnosticar hasta su estado de ánimo e intencionalidades, etc. Como los periodistas trabajan en los medios masivos de comunicación, el fruto de su trabajo será cosechado sí o sí por los ciudadanos que con sus votos decidirán la escogencia de la autoridad. En consecuencia, el escudriñamiento, la radiografía y el diagnóstico de los candidatos debe ser un acto serio, amplio o total, a fin de que nadie que se haya presentado a ofrecer sus buenos oficios para cambiar el estado de cosas sociales, termine en el anonimato o en el desconocimiento.
En ese sentido, lo que está haciendo la Asociación Nacional de Periodistas Filial Huamanga (ANP), al proponer un Foro no precisamente para hablar de candidatos a nada, de nadie, sino para recoger todas las ideas, sugerencias o mecanismos que posibiliten la puesta en marcha del Decreto Supremo 048 que declara a Ayacucho, Huancavelica y Apurímac como regiones de 'intervención prioritaria', debe gozar de la mayor credibilidad posible, y de la mayor cantidad de participantes deseosos de trabajar unitariamente por esos tres departamentos.
El sector de la Prensa agrupado en la ANP, tiene autoridad para constituirse en el eje vertebrador de esa unidad. Tiene autoridad y credibilidad como nos consta, no únicamente por lo que lo digamos nosotros, sino porque sendas instituciones municipales, regionales, congresales, así lo han puesto de manifiesto con reconocimientos y honores distinguidos. Así pues, cuando llegue el 19 y 20, por ejemplo, tanto autoridades como no autoridades, podríamos presentar ante los representantes del Gobierno Central, no solo la unidad monolítica lograda por encima de intereses o pareceres particulares, sino proyectos sustentados, caminos señalados y plazos de cumplimiento prefijados, evitando mecidas y meras reuniones protocolares e insulsas. Esa es la cuestión.
